La Justicia como escudo ante la fragilidad de la gestión

Los expedientes judiciales se cierran con la misma frialdad con la que se abren, dejando a menudo una estela de desconcierto en quienes buscamos respuestas más allá de los tecnicismos jurídicos. La noticia de que el Presidente y el resto de los acusados en la causa Libra han sido sobreseídos por inexistencia de delito se presenta como un punto final en sede tribunalicia, pero nuestra mirada no puede detenerse allí. Creemos que la legitimidad de un gobierno se construye en el terreno de los hechos y la gestión, no solo en la ausencia de condenas penales.

Sostenemos que la justicia técnica no debe confundirse con la rectitud política ni con la eficiencia en la conducción del Estado. El fallo que desestima la acusación no borra la sensación de desamparo que recorre los hogares argentinos, donde la premisa de la inexistencia de delito convive, paradójicamente, con la existencia de una crisis que erosiona el tejido social cada día con mayor intensidad.

La desatención de las economías regionales

Mientras se celebran resoluciones judiciales en los pasillos del poder central, aquí en Misiones la realidad nos impone otra agenda. Nuestra provincia, motor de la yerba mate y con una frontera que exige una mirada estratégica, observa cómo las políticas actuales desmantelan las protecciones históricas. La apertura indiscriminada y la falta de incentivos para el comercio local, especialmente en una Posadas que sufre la disparidad cambiaria con Encarnación, demuestran que el gobierno nacional gobierna de espaldas a las particularidades de nuestras provincias.

El sobreseimiento no corrige la asfixia que sienten nuestros jubilados ni el recorte sistemático a la educación pública que sostiene el futuro de nuestros jóvenes. Las políticas de ajuste parecen ignorar que, sin un mercado interno fortalecido y sin una protección mínima a las economías regionales, el crecimiento es una quimera. No basta con no delinquir; es necesario gobernar para el bienestar común, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia en la hoja de ruta de La Libertad Avanza.

Desde esta tribuna, advertimos que la insistencia en un modelo de desregulación absoluta genera un caldo de cultivo para la desesperanza. No vamos a callar frente a la inacción estatal. Los números que no cierran en los comercios de nuestras avenidas principales son el testimonio más fiel de que, aunque la ley haya absuelto a los funcionarios de cargos penales, la historia los juzgará por su capacidad —o incapacidad— para mejorar la vida de los ciudadanos.

El riesgo de confundir legalidad con legitimidad

Es previsible que desde el oficialismo se utilice esta resolución judicial como un espaldarazo total a su modelo de gestión. Argumentarán que la inexistencia de delito valida de forma absoluta el camino emprendido y que cualquier crítica es, por definición, un intento de obstrucción. Sin embargo, respondemos que la legalidad de un acto administrativo o de una conducta es apenas la base mínima del contrato social; la política exige, además, vocación de servicio, empatía con el que menos tiene y una visión federal que este gobierno se niega sistemáticamente a adoptar.

Nos preguntamos, entonces, qué tipo de país estamos construyendo cuando la única respuesta ante los cuestionamientos es la apelación a los fueros judiciales. La política es un ejercicio de construcción y diálogo constante, no un monólogo sostenido por fallos que pretenden silenciar el malestar de una sociedad que, legítimamente, exige respuestas que van mucho más allá de lo que un juez puede resolver en un despacho.